SITEL

Artículo publicado en Vistazo a la Prensa en diciembre de 2009

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Cuando de lo que se trata es de darle cera al gobierno, da lo mismo ocho que ochenta, y se aprovecha el caprichoso tránsito vallisoletano del Pisuerga para arremeter a la más mínima. Y no es que no haya motivos para meterse con el ejecutivo, que sin duda los habrá, pero lo que no me cabe en las meninges ni doblándolo es hasta qué punto se apuntan al carro quienes pasan por periodistas reputados –algunos incluso lo son- cuando sin sustancia alguna, y haciendo gala de la más absoluta de las ignorancias, o bien –y más grave- con evidente animus manipulandi (no me he olvidado el acento en el animus, en las locuciones latinas no se usa tilde) difunden informaciones erróneas y confusas, aprovechándose de los que creen a pies juntillas todo lo que se publica en según qué medios.

Tiene guasa -pero que muchísima guasa- lo del SITEL, que a estas alturas hasta las amebas saben que es el sistema que las unidades de investigación de los cuerpos de seguridad pública utilizan para llevar a cabo las intervenciones telefónicas para la investigación de ciertos delitos, todos ellos graves, por supuesto. Y digo que tiene guasa porque como ya sabrán mis queridos reincidentes, ese sistema fue adquirido por el gobierno de Aznar en sus tiempos de mayoría absoluta y que, por mucho que digan que no lo utilizaron, ya fue empleado en febrero de 2004 (y si no se empezó a utilizar antes fue porque las diferentes compañías telefónicas aún no se habían provisto del software necesario) siendo Acebes Ministro del Interior, y que ahora el PP ponga el grito en el cielo por su utilización, precisamente ahora, cuando tiene un tropel de imputados en sus filas -algunos de ellos merced a la interceptación de sus comunicaciones- huele a mezcla fifty fifty de demagogia supina y vil oportunismo. Estarían encantados de que quien fuese determinase la ilegalidad del SITEL para salvar las nalgas (la gente bien no tiene culo) a sus colegas, por mucho que esa decisión dejase en la calle a asesinos, terroristas y narcotraficantes. Por lo pronto, un mafioso ruso, siguiendo las tesis del PP sobre SITEL, ya ha pedido la anulación de las pruebas que le acabaron condenando, por haber sido éstas obtenidas mediante el SITEL.

El SITEL -ruego a mis queridos reincidentes disculpas por haber tardado tres párrafos en entrar en materia- no es más que el acceso a las nuevas tecnologías del pinchazo telefónico tradicional de toda la vida, pero igual que se hacía entonces se hace ahora tal que así:

La poli tiene conocimiento de que un malo muy malo está cometiendo un delito muy gordo y muy grave. Reúne cuantos indicios y pruebas tiene contra él y con todo ello se va a ver al juez de instrucción correspondiente, le muestra lo que tiene y si Su Señoría lo ve claro, autoriza la escucha por un tiempo determinado. Con esa autorización, la poli se va a la compañía telefónica que alberga esa línea y, una vez presentada la autorización judicial, la compañía pincha la línea y la manda a un ordenador “punto a punto” para que sólo el personal autorizado de las unidades de investigación de los cuerpos de seguridad tenga acceso a las comunicaciones del sospechoso. Las grabaciones se ponen a disposición del juez. Exactamente igual que se hacía antes. ¿Qué cambia? Pues poca cosa, la verdad. Que antes se grababa todo en una cinta magnetofónica y que ahora se almacena en un fichero digital.

Periodistas que se declaran adalides de la libertad (a veces digital) repudian la tecnología de este método alegando que con SITEL se tiene acceso a datos que antes no se tenían.

Se escandalizan de que con SITEL se puede obtener la ubicación del teléfono móvil. ¿Acaso no se conocía la ubicación de los teléfonos fijos antes de la aparición de los teléfonos celulares y del propio SITEL? Se llevan las manos a la cabeza porque la policía puede disponer de datos sobre el investigado tales como su dirección y su número de teléfono. ¡¡Cachis!! Resulta que la información contenida en las guías telefónicas de toda la vida es información Top Secret y yo sin saberlo. ¿Dónde vamos a parar en un país en el que la policía puede saber mi domicilio y mi número de teléfono sin siquiera tener que llamar al 11818? Ésos son los argumentos que utilizan estos nuevos guías espirituales de la libertad y de los derechos humanos para cuestionar el SITEL.

Soslayan el hecho de que ahora, exactamente igual que antes, no es la policía -ni siquiera Rubalcaba- si no los jueces quienes deciden cuándo, cómo y a quién se le interviene el teléfono, y que no hay compañía que facilite dato alguno si no media la autorización judicial.

Por suerte o, mejor, por puro sentido común el Tribunal Supremo ha avalado por tercera vez la legalidad del SITEL (deben estar ya hasta el gorro de pronunciarse sobre lo mismo una y otra vez), considerándolo incluso preferible a los sistemas de intervención utilizados anteriormente. Pese a ello, todavía queda por ahí algún político iluminado desgañitándose con bobadas sitelianas y algunas plumas sintónicas dándole cancha y cuerda.

Y es que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue...